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Las nuevas medidas que implementa ese ministerio buscan una distribución equitativa y lo más justa posible de renglones de primera necesidad, además de ponerle coto al acaparamiento 

La llamada telefónica destilaba urgencia y dramatismo. Alguien muy cercano me sugería no solo ver la Mesa Redonda que transmitía la Televisión cubana. “Oye, si tienes dinero, compra jabón y pasta que la cosa viene mala”, me alertaban desde el otro lado de la línea.

Más de 30 años en el periodismo te hacen lobo viejo en esas lides; quizás por ello, desde hacía varios días este servidor le estaba siguiendo la pista al asunto de la emisión televisiva de marras: la implementación de modo gradual de varias medidas de carácter comercial para el control y la regulación en la venta de productos alimenticios y de aseo e higiene por el Ministerio de Comercio Interior (Mincin).

Porque ni usted ni yo vivimos en una burbuja, esa estrategia gubernamental se veía venir por un motivo más que elemental: el desabastecimiento de arroz, de chícharos, frijoles, crema dental, jabón liberado, etc., en la red minorista, ante la demanda disparada de la población.

Una digresión podría tornarse esclarecedora: existen diferencias entre las ventas normada, controlada y regulada. La primera de estas se refiere a las mercancías expendidas pertenecientes a la canasta básica familiar, en tanto la segunda se realiza a través de la oferta en las casillas o carnicerías y bodegas, de renglones a precios sin subsidios, según las disponibilidades, se anotan en la Libreta de Abastecimientos y solo pueden adquirirlos los consumidores vinculados a esa unidad minorista. Ejemplo ilustrativo: el llamado huevo comercializado a 90 centavos.

Particularmente, la venta regulada acontece en los mercados de tipo Ideal (La Casiguaya, El Convenio y La Naviera, en la ciudad cabecera) y en los denominados industriales, como La Vizcaína. Aunque en dichos establecimientos el comercio es liberado, la insuficiente disponibilidad de determinada oferta aconseja en ciertas circunstancias, como las actuales, regular su expendio, o sea, vender hasta una cantidad máxima del artículo por persona.

Más gráfico: hoy en la red de venta liberada de la provincia, un cliente puede comprar hasta 15 libras de arroz y hasta 5 de frijoles. Por cierto, la cantidad puede cambiar en correspondencia con la existencia de estos alimentos en los almacenes, como lo anunció el Consejo de la Administración Provincial (CAP), decisión atinada desde mi perspectiva y con la que seguramente no coincidirá el gremio de los acaparadores y revendedores.

Porque de ello se trata. Directivos del Mincin y del CAP han insistido en que las medidas que entran en vigor de manera gradual durante este mes buscan poner contra las cuerdas el acaparamiento, de larga data por estas tierras.

Como pretensión, saludamos el anuncio; pero, la mayoría —debe dejarse margen al disenso— conocemos que el acaparador es pariente cercano de la mitológica Hidra de Lerna, enfrentada por Hércules y cuyas cabezas le nacían en un santiamén.

Es obvio que el susodicho personaje respira debido a las menguadas ofertas, y que para desaparecerlo del mapa urge aplicarle multas que realmente se las sienta en el bolsillo. Además, no solo basta con el actuar de la Policía; sino, también, del colectivo de los establecimientos de venta, pues, sin dudas, todo se decide en el mostrador: de un lado, el cliente; del otro, el vendedor, quien sabe cómo se clonan los acaparadores ante la mirada irritada del resto de los compradores.

Plausible el interés del Estado cubano de pretender una distribución equitativa y racional de productos como el chícharo y la salchicha, que se expenderán de forma contralada a partir de ahora. Sí, el chícharo, un renglón muy perseguido por los criadores de puercos para alimento animal ante el déficit de pienso.

Matiz relevante adquiere la decisión de vender reguladamente —con anotaciones en los registros— ciertas mercancías a los trabajadores por cuenta propia vinculados a la elaboración de alimentos, en una unidad comercial por municipio; esta medida, si bien no da respuesta a toda la demanda del privado, les alivia la competencia al resto de las personas que acuden a los mercados.

En torno a estas y otras decisiones, previstas a aplicar en la red de Comercio Minorista, los cubanos no han economizado criterios en las redes sociales y las páginas web, donde pueden leerse los más variopintos comentarios, entre estos los que abogan por normar mayor cantidad de productos por la Libreta de Abastecimiento —opinión que suscribo—, lo cual no se aviene con la política estatal.

Lo que sí ha cambiado para peor es el escenario internacional, signado por la agravación del cerco económico de EE.UU. contra Cuba y, en específico, por la vigencia del Título III de la Ley Helms-Burton. No todo el mundo resiste tal presión. Por ello, como ha expresado la titular del Mincin, Betsy Díaz Velázquez, determinados proveedores e instituciones bancarias dispusieron no seguir operando con la isla y, por tanto, resultó imprescindible reorientar mercados de origen de renglones de primera necesidad.

Quizás por su recurrencia, algunos no valoren consecuentemente esa realidad —sólido templo medieval ante nuestros ojos—; que dista de la etapa más cruda del período especial, que nos llevó a considerar una onza de aceite como una libra de oro, o a un jabón de baño como una reliquia familiar, que se desgastaba poco a poco a disgusto de todos en casa. Son otras las condiciones; otro el contexto. Ello traté de explicárselo a la amiga que me urgía a gastar en pasta y jabones mis últimos pesos del mes. Que no cunda el susto, por favor.  


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