Hay quienes disfrutan vivir a costa del bolsillo ajeno. No hablo de los revendedores, especie endémica del mercado negro. Me refiero a quienes se han frotado las manos ante el incremento de las pensiones, las llamadas chequeras, y de los salarios en el sector presupuestado, concebidos a aplicar desde el presente mes de agosto.
Es más, existen negocios privados que ni siquiera esperaron el aumento en los salarios y comercializaron a mayores precios ciertos productos.
Los trabajadores por cuenta propia, dueños de esas cafeterías, puntos de venta o de otro tipo se arriesgan y obran con extrema insensibilidad, desconociendo el llamado formulado en más de una ocasión por el presidente Miguel Díaz-Canel en las últimas semanas de que no eleven los precios.
Esa exhortación cuenta hoy con un respaldo jurídico. El Ministerio de Finanzas y Precios suscribió la Resolución 302 que establece las regulaciones para los precios de venta de los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas, y otras formas de gestión no estatal.
Claro, muy claro, la resolución recalca que dichos actores económicos no pueden incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población.
El documento confirma la facultad de los presidentes de los Consejos de la Administración Provinciales del Poder Popular para establecer los precios y tarifas máximos a aplicar por todas estas figuras mencionadas en sus respectivos territorios.
Pero no basta con instituir, si no se controla. La práctica siempre ha revelado que la impunidad es hija de la falta de chequeo. Por ello, los referidos cuadros son los responsables de crear los mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de lo aprobado.
Sin embargo, la práctica también nos dice y redice que la sola existencia de esos mecanismos no asegura el respeto de la normativa. Además de la sensibilidad de quienes comercialicen productos y servicios para no elevar sus precios en la actual coyuntura; además de la exigencia de los directivos y funcionarios para hacer cumplir lo normado, son necesarios inspectores que no se corrompan; es imprescindible, también, la denuncia oportuna por parte de la ciudadanía en casos de aumentos de precios. Si no se combinan todos esos elementos, la Resolución 302, del Ministerio Finanzas y Precios, será letra muerta.
Para acorralar tales violaciones no solo se precisa de la actuación rigurosa y sistemática de los cuerpos de inspección —según convinieron los participantes—; sino también de la participación ciudadana para lo cual se han establecido nuevos canales de comunicación en pos de ventilar quejas: el correo electrónico gubernamental Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y el número telefónico 41323233.
ENRIQUE OJITO LINARES / RADIO SANCTI SPÍRITUS
