Hoy resulta difícil sustraerse del debate de uno de los temas que mueve la opinión de los espirituanos: los precios de bienes y servicios en un escenario marcado por el incremento salarial en el sector presupuestado, que beneficia a una cifra superior a los 42 400 trabajadores de la provincia desde este mes.
Inquieta sobremanera que, a pesar del llamado de la máxima dirección del país de no incrementar los precios y tarifas, algunos trabajadores privados han desoído ese pedido. Por ello, usted no se asombre si la libra de costilla de cerdo alguien la expende ahora a 30 pesos, según lo denunció un habitante de este territorio en este Portal del Ciudadano espirituano.
No se asombre, aunque le incomode, si un vendedor comercialice el pan con jamón a 10 pesos, en vez de a 5; o si es mujer y tiene uñas postizas, de las llamadas acrílicas, en lugar de 50 pesos, deba desembolsarle 70 a la manicura por el arreglo de estas en lo adelante.
Si de normar se trata, el Estado cubano no se ha cruzado de brazos. El Ministerio de Finanzas y Precios emitió dos nuevas resoluciones regulatorias de los precios y tarifas para los actores económicos estatales y no estatales.
Particularmente, la Resolución 302 establece que los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas y otras formas de gestión no estatal no pueden incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población.
Si estas normativas han acaparado titulares y espacios en los medios de comunicación y las redes sociales, ¿por qué hay quienes se burlan de estas e incrementan los precios a sus antojos? ¿Acaso ha existido un alza de los costos para la conformación de los productos que justifique un aumento de precios? No lo considero.
Recordemos, asimismo, que la citada norma ratifica la facultad de los presidentes de los Consejos de la Administración Provinciales (CAP) del Poder Popular para instituir los precios y tarifas máximos a aplicar por todos los actores económicos mencionadas en sus respectivos territorios. En consonancia con ello, desde este 15 de agosto entró en vigor en Sancti Spíritus la Resolución No. 64, firmada por Teresita Romero Rodríguez, presidenta del CAP, que establece precios máximos a más de 80 renglones de productos y servicios que se brindan por trabajadores del sector no estatal de la provincia.
Además del rigor con que deben obrar las entidades estatales para que dicha normativa no sea solo papel, también resulta decisiva la participación de la ciudadanía, que puede formular quejas y denuncias de existir cualquier anomalía de este tipo. Varias son las vías a su disposición, entre estas las creadas por el Ministerio de Finanzas y Precios, la línea telefónica única de la Fiscalía General de la República y el sistema de Protección al Consumidor de Comercio Interior, a todas luces subutilizado.
Para que no sea pura ficción la medida del aumento salarial y de las chequeras, es preciso que no se registre un alza en los precios ni el sector privado ni el estatal. A favor de la calidad de vida de la población, el Estado adoptó una medida audaz; no la limitemos ahora con la imposición de precios abusivos. Que rija el respeto a lo aprobado.
ENRIQUE OJITO / RADIO SANCTI SPIRITUS