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cuenta propiaPor DAYAMIS SOTOLONGO

Cuando restan solo 18 días para que concluya el proceso de actualización del sector no estatal —iniciado el pasado 7 de diciembre y que concluirá el venidero 6 de marzo—, solo una cifra superior a 7 000 trabajadores ha acudido a las Direcciones Municipales de Trabajo de los más de 12 000 espirituanos incluidos en el proceso.

Al decir de autoridades de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social aunque se avanza, no se hace al ritmo deseado; toda vez que algunos de los convocados incumplen los cronogramas previstos, lo cual pudiese suponer un atiborramiento innecesario en las postrimerías de los trámites.

Según el máster en Ciencias Informáticas Gustavo Alcantara Benitez, subdirector provincial de Atención y Control al Trabajo por Cuenta Propia, desde el inicio se han establecido los cronogramas y se ha citado a las personas por varias vías para garantizar que cada cual acudiese en la fecha pactada.

“Igualmente se establecieron cuatro prioridades: las personas que ejercen más de una actividad, para discernir que sean compatibles las actividades a ejercer; las actividades que se modifican o integran; los trabajadores contratados y, por último, los conexos del transporte, es decir, los poncheros, chapisteros, fregadores, entre otros”, afirma Alcantara Benitez.

Aclara la propia fuente que en el caso de los trabajadores contratados es obligación acudir el titular junto al obrero y presentar el contrato adecuado a la Ley 116 y que en el convenio se deben esclarecer el régimen de trabajo y descanso, las normas de seguridad y protección, las formas de pago y las necesidades y exigencias de ambas partes.

Entre los más rezagados sobresalen, precisamente, los trabajadores contratados y las actividades relacionadas con los alimentos, de acuerdo con Alcantara Benitez.

“La última semana del proceso se concibió para actualizar a aquellos que por problemas objetivos no pudieron acudir en la fecha señalada. No hay que esperar a última hora, es necesario hacerlo oportunamente”, sostiene el subdirector provincial.

Ante tal panorama urge respetar calendarios, sobre todo si desde el 7 de diciembre pasado, fecha en que entró en vigor la ley, se sabía: quienes deben actualizarse solo disponen de un plazo de 90 días.

Tomado de Escambray


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